Crece la presión por una norma que regule los abusos financieros y la crisis de endeudamiento familiar
Wikimedia Commons / Tiffany Farrant
La situación económica de millones de hogares atraviesa un punto de alta tensión debido al notable incremento en los niveles de morosidad y compromisos financieros pendientes. En la actualidad, más de 20 millones de personas acumulan saldos adeudados, mientras que el incumplimiento en los pagos de tarjetas de crédito ha registrado un salto drástico en comparación con periodos anteriores.
Este escenario se ve agravado por un esquema de costos financieros y tasas anuales que superan de manera desmedida la capacidad de pago de la población, cuyos salarios pierden terreno frente a la inflación. Como consecuencia directa, el crédito de consumo ha dejado de ser una herramienta de reserva o inversión para convertirse en un medio de subsistencia diario destinado a saldar gastos esenciales como comida, alquiler y tarifas de servicios.
Frente a esta coyuntura, aumentan las demandas para promulgar un marco legal específico que le ponga freno al cobro desproporcionado de intereses y proteja a los deudores. Aunque el ordenamiento jurídico contempla mecanismos civiles, penales y constitucionales para combatir las prácticas abusivas, los expertos señalan que estas garantías suelen actuar cuando el daño ya está hecho y requieren recurrir a un sistema judicial que resulta de difícil acceso para la mayoría.
Fuente: Perfil